El Gobierno quiere bajar el IVA a los libros electrónicos
El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, anunció ayer que el Gobierno es partidario de homologar el tipo de IVA aplicado al libro digital (18%) con el que se grava al de papel (4%), una reducción de la que se viene hablando desde hace cuatro años.
Este ajuste fiscal, que es un clamor entre quienes quieren incentivar el desarrollo del negocio digital en el ámbito editorial, no se ha aplicado por problemas con la directiva comunitaria, que considera el e-book un servicio de la sociedad de la información y por tanto lo somete a una tributación más fuerte, lo que no ha impedido que Francia y Luxemburgo se hayan desentendido de las indicaciones de Bruselas y desde enero pasado hayan reducido el IVA que aplican a los libros. "Es necesario que el e-book pueda equipararse a efectos fiscales al libro de papel", dijo ayer Wert durante un desayuno informativo convocado por el Foro Nueva Sociedad en el que dio cuenta de las líneas maestras de la que ha de ser su acción al frente del ministerio,
En lo tocante a Cultura, insistió el ministro en la necesidad de desarrollar una nueva Ley de Mecenazgo que dinamice la entrada de dinero privado en la inversión cultural. En ese sentido, Wert puso como ejemplo de gestión al museo del Prado, que ha ido ganando en autonomía financiera conforme se ha incrementado la aportación privada y se ha ido liberando al Estado de carga presupuestaria.
Respecto a la piedra de toque de esta legislatura en el ámbito cultural, el desarrollo de un nuevo modelo de propiedad intelectual que fomente el desarrollo electrónico de la cultura merced a nuevos modelos de negocio que reduzcan el peso del contrabando digital de contenidos, Wert insistió en sus objetivos pero no puso fecha a ese desarrollo de una nueva ley de Propiedad Intelectual. Eso sí, ratificó que la conocida como ley Sinde –que permitirá a una comisión ministerial interesar el cierre de páginas web que violen los derechos de autor–, estará en marcha el próximo 1 de marzo, a pesar de que el Supremo haya admitido a trámite el recurso de la Asociación de Internautas contra la citada norma, en el que se pide la suspensión cautelar de su aplicación.
