«No todas las entidades cometemos abusos»
Agedi, AIE, Cedro y SGAE son algunas de las entidades de gestión que ayer calificaron de sesgado e incorrecto el informe de la Comisión Nacional de la Competencia sobre gestión de derechos de la propiedad Intelectual. En medio de la polémica, hoy se presenta Ibercrea, que reúne a las cuatros entidades
Casualidad o no. Ayer las entidades de gestión eran noticia por doble motivo: por el varapalo que han sufrido por las conclusiones del informe presentado por la Comisión Nacional de Competencia (CNC) sobre la gestión de derechos de la propiedad intelectual, que no han dudado en calificar de «sesgado» e incorrecto; y por la creación -con la que está cayendo- de una nueva asociación, Ibercrea, que aglutina a cuatro de las más importantes y potentes entidades de gestión -Agedi, AIE, Cedro y Sgae-, cuya presentación oficial tendrá lugar hoy en un hotel madrileño.
¿Una reacción -la presentación- al informe de la CNC? Tal vez. Lo cierto es que nace, según el comunicado remitido ayer a la prensa, con vocación de «participar de manera activa en el debate sobre los términos y el alcance de la propiedad intelectual, en una coyuntura social, económica y política en la que las nuevas tecnologías, la movilidad social, y la aspiración generalizada al acceso a los bienes culturales por los ciudadanos han transformado los hábitos de consumo de las obras de creación cultural».
LPI insuficiente
Resulta paradójico que esta asociación venga a clarificar las cosas sobre propiedad intelectual justo cuando les han dado un correctivo. El anuncio de la presentación llega justo un día después de conocerse el informe demoledor que acusa a las entidades de gestión de ser un «monopolio» y de pedir que se introduzcan modificaciones en la Ley de Propiedad Intelectual. «La LPI no constituye en la actualidad un marco legal suficientemente claro, predecible y generador de certidumbre para los agentes involucrados en los mercados de gestión de derechos de propiedad intelectual, por lo que deberá procederse a su revisión general».
Una revisión en la que está trabajando precisamente en estos momentos la Subcomisión de Propiedad Intelectual, que depende de la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados, y en la que se está contando con las aportaciones de los diferentes sectores implicados. Ayer se celebró una de las sesiones a la que estaban convocadas las entidades de gestión, que aprovecharon la ocasión para arremeter, una vez fuera y ante los periodistas, contra el informe de la CNC.
Pablo Hernández, subdirector general de la SGAE, no dudó en calificarlo de «sesgado». «Los derechos de autor son organizados y explotados por los propios autores a través de organismo que ellos mismos han creado» y lamentó el «linchamiento» al que está siendo sometida la entidad, informa Efe. En su opinión, el texto «omite información y está muy sesgado». Y ante las acusaciones de monopolio y abuso, afirmó, que «el autor individual no tiene capacidad de negociar y las tarifas que se establecen están en el umbral medio o bajo de las tarifas europeas».
División entre entidades
Por su parte, el director de los servicios jurídicos de la Asociación de Artistas y Ejecutantes (AIE) vio sospechoso, «llama la atención», que el informe se haya hecho público la víspera de la comparecencia de las entidades de gestión en la Subcomisión que estudia la posible reforma de la LPI. Otras entidades, sostenían ayer por teléfono, en conversación con ABC, que si son monopolio es «porque somos las únicas en un ámbito», y argumentaban a continuación que desde hace tiempo «hemos quitado los contratos de exclusividad». Lo que no ocultaron fue su profundo molestar al ver cómo el texto de la CNC trata «por igual a todas las entidades de gestión, cuando no lo somos. No todas cometemos abusos». Y se quejaban de que en el informe no se concretara quiénes eran las entidades que los cometen.
De estas afirmaciones se desprende que la manera de actuar de unas entidades de gestión está amenazando la credibilidad de otras, lo que puede abrir una importante brecha en su intento de unión que ha nacido bajo el nombre de Ibercrea, y que está presidida por el ex parlamentario europeo Manuel Medina, que trabajó en Estrasburgo en la ilegalización del P2P.
En la Subcomisión de Cultura de ayer, el PP exigió al Gobierno que reforme «con urgencia» las medidas de protección de propiedad intelectual y entregue el texto de la Ley de Economía Sostenible «que ya ha modificado acercándose a la postura que siempre ha mantenido el PP, que es exigir la intervención judicial en todo el proceso para evitar la piratería y no el modo mixto, administrativo y judicial, que ahora propone».
