El Supremo admite dos recursos sobre los derechos de autor de los periodistas
La presidenta de la FAPE afirma que al profesional de la comunicación “se le hurta la propiedad intelectual” en un curso sobre “Ética, credibilidad y confianza en los medios de comunicación del siglo XXI” que se celebra en El Escorial
El Tribunal Supremo ha admitido a trámite los dos recursos interpuestos por Documentación de Medios contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Madrid en relación con los derechos de autor de los periodistas en los artículos periodísticos en el “press clipping”, según informa Carmen Santos Arrarte, de Documentación de Medios S.A.
Hay que recordar que este asunto viene del año 2002, cuando se creó la compañía Gestora de Derechos de Prensa (Gedeprensa), y que con el nuevo artículo 32 de la Ley 23 /2006 de Ley de Propiedad Intelectual surgieron distintas interpretaciones jurídicas. Documentación de Medios, junto a otras empresas del sector del clipping y organizaciones y asociaciones de periodistas españolas y europeas, interpretó que el autor de los artículos periodísticos que seleccionaban en su actividad es el periodista, interpretación por la que fue denunciada por la Asociación de Editores, por la vía civil, al pretender ésta que ese derecho de autor les corresponde a los editores.
Al hilo de esta noticia, La presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), Elsa González, ha defendido abiertamente los derechos de autor para los periodistas en su intervención, esta tarde, en el curso de verano de la Universidad Complutense que sobre “Ética, credibilidad y confianza en los medios de comunicación del siglo XXI” se viene celebrando en El Escorial desde el pasado 9 de julio.
González ha asegurado que “el reconocimiento de los derechos de autor es una de las asignaturas pendientes de los periodistas, aunque, por cierto, sí se les reconocen a efectos jurídicos, como responsables del contenido de las informaciones que publican”. Y ha señalado que “la Ley viene a decir que todo el que crea un producto intelectual tiene derecho a su control, derecho moral y patrimonial. No sólo estoy hablando del terreno económico, sino de la posibilidad de alterar o distorsionar el producto”.
Tras manifestar que, en la actualidad, “las empresas se lucran del trabajo periodístico y la tecnología facilita la redifusión infinita del texto que se ha entregado para un uso determinado, no indefinido”, la presidenta de la FAPE ha exigido que se permita al colectivo periodístico participar en los debates sobre derechos de autor, incluso “en lo que tiene que ver con su aplicación en la Red”.
“En la Subcomisión sobre la Propiedad Intelectual del Congreso de los Diputados –ha recordado- se consultó a más de un centenar de organizaciones, y ninguna era periodística. Es absurdo que la nueva Ley plantee al periódico como una obra colectiva, como si se tratara de una enciclopedia. El trabajo del periodista es exclusivo y singular y merece ser debidamente reconocido, al menos, tanto como el de otros profesionales del sector editorial”.
Elsa González ha destacado también en su intervención que en Gran Bretaña, Alemania o Francia sí está protegida, aunque sólo en parte, la propiedad intelectual de los periodistas y que el pasado 24 de mayo, “la Comisión Europea reconocía que este oficio debe tener derechos de autor, como algo esencial para construir un periodismo independiente, profesional y de alta calidad”.
“Al periodista se le hurta su propiedad intelectual. Somos creadores con derechos y deberes y tenemos voz en este escenario”, ha concluido.
El curso de verano de la Universidad Complutense “Ética, credibilidad y confianza en los medios de comunicación del siglo XXI” fue inaugurado el pasado 9 de julio por la secretaria de Estado de Comunicación, Carmen Martínez Castro. En la jornada inaugural también participó Manuel Núñez Encabo, quien apostó por el órgano de autorregulación que proyecta la FAPE: Una Fundación para la Comisión de Quejas y Deontología, comisión que él preside. “El primer rescate que necesita este país –afirmó el jurista- es el ético. Para terminar con el camino de la impunidad sólo existen dos vías: la judicial, y que sea el Gobierno quien regule los contenidos periodísticos, o la ética”.
