C. VALENCIANA. Cultura permitirá alquilar los BIC para eventos privados
La revisión de la normativa buscará la rentabilidad del patrimonio valenciano.
Al mismo tiempo que establece y pone en marcha su doctrina de contención y recorte del gasto presupuestario, la Generalitat Valenciana busca nuevas vías de captación de ingresos públicos.
Así, de la misma forma que Teatres abandonó en septiembre la gestión del Teatro Talía de Valencia -por cuyo edificio abonaba 12.000 euros al año en concepto de alquiler a la Casa de los Obreros de San Vicente Ferrer-, ahora la Conselleria de Cultura avanza su intención de revisar la Ley de Patrimonio Valenciano con el objeto de sacar mayor rendimiento económico a algunos de los Bienes de Interés Cultural catalogados en la Comunidad.
Fue ayer la propia consellera de Turismo, Cultura y Deporte, Lola Johnson, quien reveló su intención de «actualizar» una norma que desde su promulgación en 1988 ha sufrido cinco modificaciones. Hay que adaptarla a las nuevas necesidades», dijo. Y las necesidades no son otras que retornar la inversión realizada por la Generalitat durante las últimas décadas para la conservación y protección del patrimonio histórico y artístico que posee la Comunidad Valenciana. «La Ley ahora mismo es muy farragosa e intervencionista desde el punto de vista administrativo -explica la consellera a ABC-. Queremos simplificarla y dotarla de mayor flexibilidad para que permita su utilización en determinados usos, pero sin que por ello se ponga en peligro nunca la integridad del inmueble». Concretamente, la modificación de la Ley permitiría la celebración de espectáculos o el alquiler para celebración de eventos privados en lugares donde ahora mismo sería inviable por las restricciones que impone la normativa.
Criterios de catalogación.
Por otra parte, la Generalitat aprovechará la modificación legislativa para aumentar la exigencia de los criterios de catalogación de los Bienes de Interés Cultural (BIC) y Bienes de Relevancia Local (BRL) y revisar al mismo tiempo el catálogo actual de bienes protegidos, que consideran que es demasiado amplio y «descompensado». Según este argumento, la excesiva generalización de las normas de protección actuales impide aprovechar castillos, lonjas y todo tipo de inmuebles para fines turísticos que no tendrían por qué comprometer su conservación.
El trabajo para el cambio de la ley comienza ahora con la constitución de unos grupos de trabajo designados por la Conselleria. El Consell Valencià de Cultura «será consultado», pero no participará directamente en la actualización de la norma. Se estimado que, teniendo en cuenta que no hay ninguna cuestión que exija la inmediata modificación, la labor se prolongará durante los próximos «seis u ocho meses».
