La polémica reforma de la Ley de Propiedad Intelectual llega hoy al Consejo de Ministros
El Gobierno se plantea perseguir por ley las copias privadas, que hoy son legales, busca fortalecer la lucha contra la piratería y someter a un mayor control a las entidades de gestión de derechos.
Una semana después de que cayera del orden del día del Consejo de Ministros, el anteproyecto de la polémica reforma de la Ley de Propiedad Intelectual será presentado hoy en la reunión del Gobierno, con la oposición de las entidades de gestión y otros colectivos.
La propuesta de reforma llega al Consejo de Ministros un mes después de que la Alianza Internacional de la Propiedad Intelectual (IIPA, en sus siglas en inglés) recomendara que España vuelva a la tristemente famosa «Lista 301» de países piratas, de la que salió el año pasado.
Una de las quejas de las entidades de gestión y otros afectados por esta reforma es que el Gobierno no les ha consultado el contenido de la misma, a lo que este responde que esa negociación se producirá a partir de mañana, ya que se trata de un anteproyecto que deberá volver al Consejo de Ministros una vez se haya oído a las diferentes partes.
El anteproyecto propone medidas para asegurar una mayor transparencia y eficacia de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual, así como un fortalecimiento de los instrumentos para luchar contra la piratería en internet y revisa el concepto legal de copia privada, ya que el Gobierno se plantea perseguir por ley las copias privadas, que hoy son legales.
Las entidades de gestión Agedi, AIE, Cedro y SGAE, integradas en el Instituto Ibercrea, han pedido al ministro de Cultura, José Ignacio Wert, la paralización de la tramitación del anteproyecto. Para las entidades de Ibercrea, el texto que han conocido extraoficialmente «no facilita la gestión de los derechos de propiedad intelectual ni permite mejorar el nivel de protección».
Fuentes del sector han criticado la propuesta de reducir la compensación por copia privada, que se realiza a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, a las realizadas a partir de un ejemplar original o de comunicación por radio o televisión al considerar que se elimina la posibilidad de existencia de copia privada realizada a partir de una transmisión por internet. También han expresado sus dudas sobre la posible exigencia de que para dedicarse a la actividad gestora de derechos las entidades deban ser asociaciones sin ánimo de lucro.
La Asociación Española de Economía Digital (adigital), organización que agrupa a más de 500 empresas, ha reclamado la participación y el consenso de todos los sectores implicados en la elaboración del texto, al considerar que «podría cercenar el desarrollo de la economía digital en España».
La Comisión de Propiedad Intelectual
Otra de las propuestas del anteproyecto que estudiará mañana el Consejo de Ministros es que la Comisión de Propiedad Intelectual pueda «estrangular económicamente» a las páginas web que tengan contenidos ilegales que atenten contra la propiedad intelectual pidiendo la colaboración a los anunciantes para que retiren la publicidad, así como a las empresas de pago electrónico. También se contempla la posibilidad de imponer multas cuando estas páginas incumplan reiteradamente las peticiones de retirada de los contenidos ilegales, sanciones administrativas que oscilarían entre los 30.000 y los 300.000 euros y nunca irían dirigidas contra los usuarios finales de internet.
Sí se incluirán las páginas de enlace que tengan como principal actividad facilitar de manera específica y masiva la localización de contenidos ofrecidos ilícitamente de manera notoria, entre otros, mediante listados ordenados y clasificados de enlaces a esos contenidos pero no a los que desarrollen una mera actividad de intermediación técnica. Tras pasar mañana por el Consejo de Ministros, el Gobierno someterá el texto del anteproyecto a la consulta de las Comunidades Autónomas y se iniciará un período para que los sectores afectados opinen sobre su contenido.
Posteriormente, se desarrollará un trámite de información pública, a través de la página web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y se recabarán los informes de la Comisión Nacional de la Competencia, la Agencia Española de Protección de Datos, el Consejo de Consumidores y Usuarios, el Consejo Fiscal, el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado. El texto volverá al Consejo de Ministros para ser aprobado como proyecto de ley, iniciando entonces su tramitación parlamentaria.
