Los arquitectos, en contra de ‘su’ museo
El Ayuntamiento rebaja la protección al edificio del número 30 del paseo del Prado para que Ambasz pueda derruirlo y construir el suyo. El colegio profesional critica el proyecto y que no se realizara un concurso público.
“Al día siguiente no murió nadie”. Y aquello, que en principio parecía motivo de felicidad, se convirtió pronto en problema. Porque, recuerda José Saramago, morir abre hueco para que otros vivan. Sobre todo si uno es un edificio en el centro de la ciudad. En su novela Las intermitencias de la muerte, el escritor dejaba en manos de una mujer de sobres violetas el aviso de pronta defunción. En Madrid, es responsabilidad del Ayuntamiento y de la Comunidad decidir qué edificios deben mantenerse incólumes al paso del tiempo y cuáles pueden ser sustituidos. Con suerte, por otros mejores.
Ambas Administraciones ven excesivo el blindaje que la normativa actual regala a todos los edificios por el mero hecho de haber cumplido un siglo. Así que están cambiando leyes y ordenanzas para airear el catálogo de patrimonio histórico. Y si no, que le pregunten al edificio de ladrillo rojo que se alza desde 1936 en el número 30 del paseo del Prado. El área municipal de Las Artes puso sus ojos sobre él, y le ofreció la parcela al arquitecto argentino Emilio Ambasz, atrayendo así a Madrid un proyecto de museo de arquitectura que se disputaban Nueva York, Londres y otras ciudades.
Ambasz, de 70 años, encontró sobre esa parcela privilegiada un edificio “en malas condiciones, sin salidas de emergencia, que no cumple los requisitos de seguridad”, cubierto de venenoso amianto y con “cantidad de escaleras que no llevan a ninguna parte”. Su intención es levantar allí un edificio “memorable” de 3.672 metros cuadrados, cubierto en sus dos fachadas por láminas de vegetación. Tras dos años de obras y una inversión de 4,5 millones salidos de su bolsillo, quiere inaugurar allí el Museo de Arte, Arquitectura y Urbanismo.
Al Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) no le agrada la idea. Su decano, José Antonio Granero, explica que el exalcalde Alberto Ruiz-Gallardón firmó un convenio para levantar un museo de la Arquitectura en Matadero y llegó a convocar un concurso. El proyecto se frustró por falta de fondos, igual que se aparcó después por el mismo motivo el convenio con el Gobierno para instalar en Madrid la sede de documentación y proyectos del futuro Museo Nacional de Arquitectura y Urbanismo. Ahora, Ambasz quiere bautizar con ese nombre su museo, que “será de Arquitectura según Ambasz, pero no de Arquitectura en general, y desde luego no de arquitectura madrileña”, dice Granero. El decano recuerda que el Ayuntamiento cedió al COAM el edificio de las Escuelas Pías por 75 años a cambio de una inversión de 24 millones para abrir allí una escuela infantil y otra de música, un polideportivo con piscina, y un centro de día, todos ellos públicos. “¿Qué se le ha exigido a Ambasz a cambio de la cesión de ese espacio de todos los madrileños en el altar museístico de Recoletos?”. Con él coincide Adolfo Blanco, hijo del arquitecto homónimo que, junto a Javier Ferrero (autor del Viaducto) proyectó el edificio en 1932. “Se terminó en cuatro años, con un concepto muy romano, porque mi padre estuvo pensionado en la escuela española de Bellas Artes de Roma entre 1923 y 1927. Tanto él como Ferrero eran arquitectos italianizantes, aunque después abrazaran el racionalismo. Tirar abajo ese edificio sería una barbaridad, un atentado contra la cultura, y una tristeza”, concluye.
Contactado por EL PAÍS, Ambasz ha declinado terciar en la polémica y se ha remitido a la decisión que tome el Ayuntamiento. Nadie ha confirmado oficialmente que el edificio se vaya a derruir, aunque resulta imprescindible para construir el nuevo. ¿Sería legal hacerlo? Desde hace dos semanas lo es.
El pasado Pleno municipal aprobó el cambio de catalogación del edificio, con el voto en contra de PSM y UPyD, la abstención de IU y ninguna alegación ciudadana. Este procedimiento se inició tras una petición del área municipal de Las Artes el 20 de noviembre, con el fin de “adaptar su catalogación a la realidad física”. El edificio, de 895 metros cuadrados de superficie y 3.029 construidos, se organiza en cuatro plantas y sótano, y “se encuentra desocupado en su práctica totalidad y con plena disponibilidad”. Sin embargo, se detalla que alberga un centro municipal de salud, que ocupa 667 metros cuadrados en la planta sótano y la planta baja. Es decir, una quinta parte del edificio está ocupado, en contra de lo que afirma Urbanismo.
Tanto la fachada como las escaleras interiores están blindadas con nivel 2 estructural, propio de edificios “cuyas características son de gran interés, aunque la existencia en su interior de zonas de menor valor hacen que puedan ser autorizadas obras”. El Ayuntamiento va a rebajar un grado esa protección, lo que permitirá echarlo abajo para construir otro si lo juzga de mayor valía.
El dictamen de Urbanismo considera que el edificio “no es acorde con el entorno de la manzana, y no responde a un estilo común dentro de ella”. Asegura que la catalogación actual “parece excesiva”, y la rebaja a nivel 3, ambiental, que “protege los valores de la fachada por su integración en el ambiente de la ciudad, como elemento que contribuye a la comprensión global del paisaje urbano pero no precisa necesariamente de su mantenimiento físico”. En conclusión: “Es un edificio más, de ladrillo visto, con un diseño para la función administrativa, existiendo multitud de esa época con esas características”.
Ocupado o vacío.
El Ayuntamiento dice que el edificio está “desocupado en su práctica totalidad”. Pero admite luego que el 22% sirve para un centro de salud.
La edil socialista Carmen Sánchez Carazo recuerda que 18 personas atienden allí a un centenar de personas al día. El Ayuntamiento dice que llevará esa instalación a otra parte, y “será probablemente mejor porque pertenece a Retiro y Salamanca y está en Centro”.
Ambasz dijo para reforzar su proyecto que el edificio actual está recubierto de amianto. El Ayuntamiento replica que sus técnicos no han encontrado constancia de ello. Sánchez Carazo denuncia que no se haya reunido a los trabajadores para aclararles estas cuestiones.
