La Comisión de la Dignidad denunciará al Gobierno a la UNESCO por los papeles de Salamanca
El retraso en la devolución total de los documentos del Archivo de Salamanca a Cataluña va en contra de la Ley de Memoria Histórica.
El presidente de la Comisión de la Dignidad, Josep Cruanyes, ha anunciado que denunciarán ante la Unesco el incumplimiento del Gobierno español de devolver a Cataluña todos los documentos del Archivo de Salamanca, lo que va en contra de lo estipulado en la ley de Memoria Histórica.
Junto a Cruanyes ha estado el director del Archivo Nacional de Cataluña, Josep Maria Sans Travé, que ha expresado su apoyo y agradecimiento a la labor de la Comisión de la Dignidad. En total faltan por recuperar unas 411 cajas con más de 3.000 documentos, de las cuales 111 ya estaban preparadas para ser recibidas en Cataluña al final del mandato de la anterior ministra de Cultura, la socialista Ángeles González-Sinde.
Cruanyes ha asegurado que el contenido de esas 111 cajas hace meses que ya está digitalizado y preparado. «Hoy, hace seis meses que el ministro de Cultura, José Ignacio Wert, dijo que la tramitación de los papeles de Salamanca se haría en tres meses.»
Travé ha especificado que la Generalitat de Catalunya ha desembolsado más de un millón y medio de euros para identificar y digitalizar los papeles de Salamanca, entre 2003 y 2013, y ha instado al ministro Wert a devolver los papeles en aras del ahorro.
Trabas del Ministerio de Cultura.
El presidente de la Comisión ha añadido que el Ministerio de Cultura pone trabas para retornar los papeles, apoyándose en interpretaciones de la Ley de Memoria Histórica de 2005, negándose a devolver los documentos que pertenecen a trece ayuntamientos catalanes, entre los cuales están los de Barcelona, Igualada, Reus, Sant Cugat del Vallès o Tarragona. «Quizá el modelo de Wert es el de Franco y el señor Rafael Álvarez Arenas, jefe del servicio de ocupación de Cataluña el 1939», ha añadido Cruanyes.
La Comisión de la Dignidad fue creada por una iniciativa ciudadana en 2002 para protestar por el retraso en la devolución de los documentos expoliados en Cataluña y depositados en el Archivo general de la Guerra Civil en Salamanca.