Cataluña aprueba la Ley del Cine
La nueva legislación entrará en vigor el año que viene y obliga a que los estrenos cuenten con el mismo número de copias en castellano y catalán
A partir del próximo mes de enero, todas las películas que se estrenen en Cataluña deberán atenerse a la paridad lingüística y contar con el mismo número de copias en castellano y en catalán.
La nueva legislación, que cuenta con la oposición de exhibidores y distribuidores cinematográficos y prevé sanciones de hasta 75.000 euros para quien incumpla lo que el texto denomina «garantía de acceso lingüístico», se ha aprobado con los votos a favor del tripartito y finalmente también con los de CiU, partido que ha acabado alinéandose con el PSC, ERC e IC-V ya que, según el diputado Jordi Cuminal, la nueva ley «será buena para el país». Aún así, Cuminal ha reconocido que el texto »podría ser mejor» de no haberse tramitado con urgencia y ha aprovechado para criticar la labor del conseller de Cultura, Joan Manuel Tresserras, a quien ha recriminado su incapacidad para liderar su Departamento.
Tanto el PP como Ciutadans, contrarios a la ley, han incidido en que lo más sensato habría sido esperar a leer la sentencia del Estatut para tramitar el texto. El diputado de Ciutadans, Albert Rivera, ha ido aún más lejos y ha criticado la «irresponsabilidad política» de la conselleria de Cultura. «Cuando apretemos el botón para votar estaremos enviando a gente al paro», ha señalado.
En su comparecencia, el conseller de Cultura y Medios de Comunicación, Joan Manuel Tresserras, ha defendido que la nueva legislación «pretende apoyar la industria del cine, mejorar la oferta y garantizar la diversidad lingüística» y ha calificado de «anomalía democrática» la escasa presencia -apenas un 3%, ha asegurado- de películas en catalán en las carteleras. Para subsanarlo, la ley establece «la obligacion de distribuir el 50% de las de todas las copias en versión en lengua catalana», ya sea en películas dobladas o películas en versión subtitulada.
Una obligación en pos de la «normalización» que, como ha cuestionado el diputado del PP, Rafael López, choca frontalmente con la libertad de empresa y contrasta con los datos que se desprenden de otros sectores. Y es que en el teatro, ha ejemplificado López, el castellano apenas ocupa el 15% de la cartelera. Para subrayar esta idea, tanto López como Rivera han criticado que la ley se escude en la necesidad de garantizar la libertad de elección de la lengua y, por otro lado, la administración pública catalana siga poniendo trabas al castellano.
