La Ley de Propiedad Intelectual 'salva' a Google
Las entidades de gestión critican al Ministerio de Educación y Cultura. Denuncian que agregadores y buscadores apenas se vean afectados por el anteproyecto. La compensación por copia privada o la posible liberalización del mercado supondrían una merma en los ingresos de los creadores.
La Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI, según sus siglas en inglés) anunció este lunes por boca de su directora ejecutiva, Frances Moore, que había llegado a un hito histórico:su reclamación número 100 millones a Google por infracción de derechos de autor. Según la IFPI, el buscador, que capitaliza 370.000 millones de dólares, es "una fuente de accesos a servicios de música ilegal". Y se pregunta cuándo "el motor de búsqueda más grande del mundo colocará en sus resultados los servicios legales de música por encima de los servicios ilegales", haciendo referencia a un compromiso adquirido por la compañía tecnológica en 2012.
Mientras que, por un lado, Google se ha labrado una imagen de empresa amable, con sus 'doodles' y que mejora la vida de los usuarios, para un sector de las industrias creativas es un gigante que marca las reglas del juego y que suele salirse con la suya. Ésta es una de las cuestiones del debate en torno al anteproyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) que el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, anunció que sería aprobado por el consejo de ministros durante este mes de enero.
El anteproyecto, que recibió un duro varapalo del Consejo de Estado en un dictamen, marca un aspecto crucial para el desarrollo de la creación cultural en este país, según las entidades de gestión. Para Antonio Fernández, director general de la Asociación para el Desarrollo de la Propiedad Intelectual (Adepi, que aglutina a las entidades de España), "si no somos capaces de entender que la generación de contenidos -culturales, informativos o del tipo que sea-, requiere de recursos para hacerlos sostenibles y de calidad, entramos en el juego de los agregadores, que necesitan contenidos de cualquier tipo -sin importar su calidad- para generar tráfico".
Cuando se habla de agregadores, desde Adepi se considera que el fundamental es Google. "La Ley de Propiedad Intelectual", explica Fernández, "no ataca convenientemente este aspecto, porque ha dejado a los agregadores absolutamente al margen de la misma".
Para él, son tres los pilares dentro de esta reforma parcial de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI). "El primero es el de la piratería, cuyo tratamiento nos parece bastante razonable. El segundo, el del modelo de copia privada, la sustitución al famoso 'canon digital' con el nuevo sistema a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, que se ejecuta formalmente con esta ley. El tercero es el sistema de gestión colectiva de derechos de autor, con la incorporación de nuevos agentes, con una serie de medidas de control y supervisión y con una modificación importante de las tarifas".
Las críticas del Consejo de Estado (a las que hay que sumar otras realizadas con anterioridad desde el Consejo General del Poder Judicial), han puesto el foco sobre una reforma no tan mediática como la famosa 'Ley Sinde', pero de efectos más importantes que aquélla. Tanto, que la secretaria de Educación y Cultura del PSOE, María del Mar Villafranca, señala que la LPI "es crucial y medular en el desarrollo de la Cultura en España", por lo que "requiere del máximo esfuerzo político" y un empeño en evitar "los fallos en el proceso de elaboración, la ausencia de diálogo y la falta de rigor y de análisis previos de expertos" en los que, según ella, ha incurrido el Gobierno en su elaboración. También defiende uno de los aspectos más polémicos, a propósito de la liberalización del mercado de la gestión de los derechos de autor. "Hay que mantener el carácter mutualista. Estamos en contra de la mercantilización del derecho de autor, porque consideramos que el actual sistema es el mejor para el usuario. Pero también apoyamos la máxima transparencia y tutela del Estado en este aspecto".
Villafranca se refiere al plan de abrir el mercado a nuevos instituciones con ánimo de lucro. "Básicamente, las entidades de gestión son instituciones privadas, asociaciones que gestionan los intereses patrimoniales de sus socios y que están reguladas por la Ley de Asociaciones", explica el director de Adepi. "El anteproyecto, en un aspecto que el dictamen del Consejo de Estado tacha de 'intervencionista', entra a regular las decisiones de un órgano legítimo como la asamblea general de una asociación y le dice lo que tiene que decidir, cómo repartir los recursos y cómo aplicar las tarifas. Es como si el Gobierno le dijese a un sindicato las condiciones de contratación de sus empleados y cómo invertir no el dinero público que reciben, sino el dinero recaudado por las cuotas de sus asociados".
"Lo de abrir el mercado a instituciones con ánimo de lucro suena bien, pero no tiene que ver con entender el negocio. Porque la gestión colectiva se fundamenta en el mutualismo. Es decir, que como entidad de gestión me da lo mismo el más modesto de los socios que el más famoso; que los costes de gestión son los mismos para ambos, en términos de proporcionalidad. Pero estoy obligado a defender los intereses de ambos socios. El riesgo de liberalizar es que estos nuevos actores sólo defiendan los intereses de aquellos creadores que les sean más rentables. Sería como la representación de futbolistas", pone como ejemplo Fernández. Un asunto que, además, estaría pendiente de una directiva europea al respecto y cuyo supuesto afán liberalizador entra en conflicto con otro aspecto, la fijación de tarifas y la fijación de un plazo de seis meses para adaptar los contratos con las entidades a estas nuevas tarifas, periodo en el cual se produce una reducción de un 30% lineal sobre las mismas.
Canon y copia privada.
Igualmente dependiente de una próxima decisión europea estaría el asunto de la compensación por copia privada. Tras anular el gravamen de discos duros y productos tecnológicos, el Gobierno estableció en 2011 la asignación de una cantidad a los Presupuestos Generales del Estado. Es decir, que esta cantidad pasó del sector privado al público. De 100 millones de euros, a cinco. "En Europa se recauda por concepto de canon unos 600 millones de euros, de los que cinco corresponden a España. Nuestro país representa el 7% del PIBeuropeo. Y si asimilamos lo que pesa España a lo que se recauda en este concepto, nuestro país tendría que contribuir con cerca de 50 millones. A ello hay que sumar que la cultura en el PIB español pesa el 3,5%, por el 2,6% de Europa", explica Fernández.
Más datos. En Francia los deudores son el importador y el fabricante de los equipos, y la cifra de la compensación asciende a 2,99 euros 'per cápita'. En Alemania es de 2,97, por los 2,04 de Bélgica o los 0,65 de Holanda. En Noruega, el otro país que lo grava a los PGE, es de 1,06 euros 'per cápita'. Y en España, de 0,11, similar a los 0,07 de Grecia o los 0,12 de Rusia.
"Este dinero salía del sector privado, que a través de las entidades de gestión llegaba a los titulares. Pero este dinero está ahora en el bolsillo del sector tecnológico, que no ha bajado los precios de los equipos y soportes, que en algunos casos no paga los impuestos aquí y que, en otros tantos, no se compromete para nada con nuestra sociedad. ¿Qué puestos de trabajo están creando estos grandes conglomerados como Facebook, Google, Ebay, Amazon? Ellos son los grandes beneficiados del modelo", denuncia el responsable de Adepi.
"Cuando un contenido circula por una red, allí hay dinero. Y cuando el agregador se llama Youtube, allí hay dinero. Y cuando antes de ese contenido hay un anuncio, allí hay dinero. Eso es lo que estamos cuestionando. Y la legislación tiene que ser lo más garantista posible con el trabajo creativo que lleva un nombre y apellido. Necesitamos un campo de juego en el que la cadena de valor no se desplace", recuerda Fernández, quien denuncia la "timidez" del Gobierno para tratar este asunto y la "oportunidad perdida" para regular estos aspectos.
"Este proyecto ha estado viciado por el hecho de haber pasado, además de por Cultura, por otros ministerios como el de Industria o el de Economía. Y, en este sentido, todo el mundo opina en base a sus intereses", explica. "Y no se puede pretender que Industria sea neutral cuando está implementando un modelo de sociedad de la información cuyo objetivo es subir el ratio de internet en los hogares y su socio para ello son estas empresas tecnológicas".
"En ningún caso decimos que este Gobierno no esté preocupado por la Cultura. Lo único, que hay un montón de prejuicios que están condicionando su política y que vienen, en muchas ocasiones, de la mala información", explica.
A ello hay que sumar que "el anteproyecto reduce el ámbito de acción de la copia privada, por lo que ciertos comportamientos van a ser ilegítimos, porque quedarían fuera de la excepción de la copia privada". En este asunto incide también Villafranca desde el PSOE, al denunciar la necesidad de un "sistema serio y eficaz de licencias", que abarcaría actividades como el consumo 'en streaming' de Spotify, "fundamentales para el desarrollo digital" y que, según ella, "no está nada desarrollado" en el texto.
Por todo ello, se abre un escenario de conflictividad. "La partida presupuestaria que se asigna para compensar la copia privada son cinco millones de euros", recuerda Antonio Fernández. "Sin embargo, el daño que el propio Gobierno ha determinado en este asunto son 18 millones. De este modo, la capacidad presupuestaria no cumple el daño a compensar, como ha señalado el Consejo de Estado. Por eso, las entidades de gestión nos vemos obligadas a reclamar al Estado las diferencias, lo que está llevando a una serie de procedimientos judiciales que acabarán de mala manera. De hecho, ya tenemos denunciado al Gobierno de España ante la Comisión Europea".
La voz de las operadoras.
Amalia Pelegrín es directora de Operadores, Nuevos Modelos de Negocio y Competitividad de la Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información, Telecomunicaciones y Contenidos digitales (Ametic), entidad que engloba a las operadoras antes agrupadas en Redtel. Para ella, la valoración de la LPI es "positiva" y señala que "es importante que esta ley se apruebe, porque está tratando de unos temas cruciales en los que no hay que esperar a que llegue esa directiva europera de armonización de las entidades de gestión".
Respecto a las medidas de transparencia y control en estas entidades de gestión, la figura del mediador de derechos de gestión voluntaria no termina de quedar clara para Ametic, por lo que piden "un régimen similar al de las entidades de gestión". Pelegrín también considera "un acierto" que se mantenga a cargo de los Presupuestos Generales del Estado la compensación por copia privada.
Y también denuncia la demonización de estas operadoras desde algunos sectores. "Lo que nos interesa es que se desarrolle una industria legal de contenidos digitales y que haya un equilibrio entre la retribución que tiene que tener el autor y la posibilidad de desarrollar modelos de negocio", explica. "El operador es el pobre maldito que paga las inversiones cuantiosísimas que hace, no el Estado, y siempre es el malo de la película. Y al que se va a pedir dinero, como cuando hay que financiar la televisión o las películas en catalán".
Requerido por este medio, Google ha preferido guardar silencio.
