Ocho años del caso Odyssey y seguimos sin hacer historia
La incuria definió durante décadas la negligencia que España ha aplicado al patrimonio de su gran historia naval, por no decir a esa historia misma. Conviene recordarlo hoy, porque la pasada madrugada se han cumplido ocho años desde que un avión fletado por la compañía cazatesoros Odyssey Marine Exploration despegó de Gibraltar cargado con 17 toneladas de monedas de plata y otros artefactos expoliados, según suponemos, de la fragata «Nuestra Señora de las Mercedes», que había sido hundida durante un ataque sorpresa inglés en 1804 y había permanecido dormida desde entonces hasta abril de 2007 en un mar de silencio. Gran innovación y mayor desafío el que nos planteaba Odyssey, la empresa paradigmática de esa industria que considera los restos navales una mina de oro y plata: un Boeing cargado hasta los topes de plata expoliada. Una imagen que tardaremos en olvidar.
Imagen: índice de cotizaciones de bolsa de Odyseey desde el 11 de mayo de 2007 (se aprecia la subida que ejerció el hallazgo de la Mercedes y el declive de la compañía desde entonces).
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¿Por qué merece la pena hoy mirar hacia atrás? Para saber qué ha cambiado realmente y debido a quién. Para analizar serenamente qué no ha cambiado y debería haberlo hecho, o lo ha hecho de manera insuficiente, y debido a qué o a quién. Aquella noche, mientras la enorme aeronave surcaba la oscuridad del cielo sobre el Atlántico; mientras unos pocos ciudadanos a los que aún no se ha agradecido su papel suficientemente, llenos de indignación, estaban desvelados y denunciaban en la prensa y ante las autoridades que nos estaban robando en nuestras narices, porque habían estado documentando durante años las actividades de los barcos de Odyssey e informando del peligro a los políticos y gestores supuestamente responsables -la mayoría de los cuales había despreciado esos informes y a esas horas de la noche del 18 de mayo de 2007 dormían tranquilamente, no como esos ciudadanos. «Vuelva usted mañana», le habrían dicho a Mariano José de Larra, nos decían a todos, con su falta de motivación para evitar un desastre del que ya tenían indicios que se iba a producir.
Sonaron algunos teléfonos. Mientras un periodista de «La Gaceta» -Santiago Mata- escribía la crónica que alertó a todo el mundo de la salida del tesoro de la Mercedes con destino a Miami, muchos de los responsables del patrimonio histórico español tanto en Madrid como en Sevilla vivían en la inopia, y aunque sus despachos no registraran actividad ninguna aquella noche, muchas cosas iban a cambiar desde entonces. No era la primera vez que el expolio se cebaba en los restos de un barco español. Pero era la primera vez que lo hacía una compañía con la que nuestros gobiernos central y autonómico habían estado tratando durante siete años. ¿Acaso no se vigiló como se debía, acaso hubo una enorme y vergonzosa descoordinación entre administraciones, bien aprovechada por los ladrones de la historia?. El camino estaba perfectamente marcado por un informe que se ocupaba y se preocupaba de este problema histórico, el de la arqueología subacuática Española y el de la historia marítima de nuestro país realizado por la Real Academia de la Historia (RAH). Desde entonces tampoco se ha hecho caso alguno a esta Real academia y a sus historiadores. Leal y científica demanda bajo el título “Estado de la Arqueología subacuática en España…”, que habla de la necesidad de intervención, de excavación, de custodia, de protección. Y fue realizado en el 2007. Rápida respuesta al expolio de la Mercedes…
PARA TENER PRESENTE
Pasó lo que pasó. Y acabó como acabó. No es este el lugar para cambiar ningún relato. Cada uno de aquellos responsables -y a estas alturas hemos hablado ya con todos- tiene una frase que justifica lo que hizo y camufla lo que no pudo, no quiso (o pensó que mejor ni debía) hacer. Pero volviendo la vista atrás sí es hora de preguntarnos algunas cuestiones pertinentes. ¿Ha cuidado desde entonces España mejor de su patrimonio sumergido? ¿Han puesto en marcha nuestras administraciones —esas mismas administraciones— las medidas o al menos las ideas para que el patrimonio subacuático de origen hispánico, el más rico e importante del mundo porque puso en marcha la primera red comercial global hace cinco siglos, sea cuidado, conocido, investigado y divulgado como la Humanidad, su verdadero propietario, merece? Es muy triste responder como se debe a esta y otras preguntas similares. Pero pasados ocho años de aquella noche, debemos hacerlo. La respuesta es no. Un no rotundo y categórico, pese a quien pese.
Por contraste, he tenido también la oportunidad de conocer los puntos de vista de casi todos. Parlamentarios ingleses, algunos a su vez arqueólogos como Lord Renfrew, con las ideas mucho más claras que los españoles sobre el peligro que supone el trato con cazatesoros para el patrimonio. Lecciones por aprender en la lucha que, por ejemplo, la mexicana Pilar Luna, del INAH, mantuvo para alejar de las aguas de su país a las empresas destructoras. En todos los lugares además de marcar límites se trata de hacer crecer grandes proyectos que sirvan como ejemplo de un modo de hacer. ¿Por qué España todavía no ha pensado en eso, si fue el Estado que más jugó con fuego, más tiempo les permitió actuar sin la debida vigilancia en nuestras aguas? ¿Qué información se llevaron después de escanear las aguas andaluzas? ¿Se llevaron sólo información? ¿Sólo la plata de la Mercedes, que se supo por las denuncias de la prensa?
LECCIONES NO APRENDIDAS
Desde entonces se han hecho algunas cosas, eso es cierto. Se ganó el juicio contra Odyssey, se redactó un Libro Verde (de mérito teórico y poco más), llegó a ponerse en marcha un Plan Nacional bajo la dirección del único ministro que sí quiso que esta situación cambiase: César Antonio Molina. Eran tiempos de crisis. Incluso se firmó un convenio entre los Ministerios de Cultura y Defensa para comenzar un estudio sistemático, aprovechando los medios técnicos de la Armada. Pero todos esos papeles y más papeles hoy son papel mojado, no han dado todavía un solo resultado digno del desafío que nos plantea el enorme patrimonio subacuático de origen hispánico. El Plan se abandonó, el convenio se abandonó, al llegar el siguiente ministro (ministra) cuyos técnicos seguían siendo los mismos que los del anterior. Pasados ocho años, no hay sobre la mesa ningún proyecto de calado científico e interés nacional o internacional que haya surgido o reciba hoy un apoyo estratégico de las mentes pensantes del Ministerio de Cultura y las consejerías de las Comunidades Autónomas que aguantaron como pudieron el chaparrón hace 8 años, cuando la prensa puso de actualidad el debate sobre la incuria y su producto estrella, que es el expolio. En cuanto al presupuesto, el pago de la minuta del abogado Goold y la vuelta de las monedas han terminado con las partidas más importantes de la historia dedicadas a la arqueología subacuática, pero aquí no se ha mojado ni un arqueólogo vestido de neopreno. Hoy la dotación para estudiar la gran historia naval española sigue siendo el presupuesto de un camino vecinal. Es más, en muchas de las administraciones, en las que han pasado gobiernos de distinto signo —aunque no en todas—, siguen los mismos responsables en un nivel técnico al frente del patrimonio. Parece increíble pero es cierto.
Hay centros de arqueología subacuática sin excavaciones, publicaciones ni exposiciones después de casi dos décadas, que no han dado paso al relato que la sociedad precisa. Han perdido la gran oportunidad de convertir en un valor su existencia liderando la recuperación de la historia naval española o la lucha contra los cazatesoros. Pero han preferido pasar estos años centrados en su pugna regional, a pesar de disfrutar de un presupuesto público y personal especializado al mismo nivel que la agencia francesa Drassm o el INAH mexicano. ¿Es que no deberían exigírseles mejores resultados porque no dependen del gobierno central? Tienen poder para ejercer la competencia sí, pero como con las armas nucleares, su poder es meramente disuasorio, dedican buena parte de su energía en que se aprecie la naturaleza excluyente de ese poder. Así que, a la pregunta de qué ha cambiado, la respuesta es muy poco, nada fundamental, nada que haya marcado una diferencia. Y el montaje burocrático y técnico es en algunas Comunidades es fabuloso para unos resultados desgraciadamente muy menores. El patrimonio, lo único importante, sigue ahí, esperando ser estudiado como un valor cultural estratégico. Esperemos que no lleguen siempre antes los cazatesoros.
No queremos negar la evidencia: que ha habido algunos proyectos apasionantes y hasta modélicos: el Bajo de la Campana, el Triunfante, Bou Ferrer, Deltebre, que se investigan algunos pecios en el puerto de Cádiz (obligados por las obras). Y también que hay miradas renovadoras y que deberían merecer todo el apoyo público oficial, como los proyectos Finisterre, Isla Grosa, ForSeaDiscovery, que en cualquier país serio habrían merecido ser engarzados en una gran política cultural. Hasta la diplomacia ha tratado de activar algo, con dos acuerdos marco de colaboración, con México y EE.UU., cuyos frutos están inéditos y aún tardarán, si es que llegan.
UNA POLÍTICA AUSENTE
Pero es que el problema es precisamente ese. Nada de lo bueno que ha ocurrido fue pensado como política cultural Estatal pública de patrimonio subacuático ni formó parte jamás de un empeño político inteligible para responder con actuaciones coherentes y ambiciosas al enorme desafío de un registro histórico que está siendo destruido por cazatesoros en muchas latitudes y frente al que España tiene como mucho pequeñas palabras, pequeñas promesas de colaboración y cero proyectos que pongan de actualidad e incluyan en la agenda política tanta riqueza histórica que si se activara figuraría entre los más prometedores capítulos de la marca España que jamás haya pasado por las manos de un gestor cultural. Hablamos de un tesoro más allá de las monedas, de historias fascinantes, relatos que captan la atención del público, los restos que explican cómo somos hoy, una sociedad mestiza que iba embarcada y portadora de valores aún compartidos con Iberoamérica, que debemos actualizar y reivindicar. Pero con decisión, con el que debería haber sido un brillante capítulo del noveno año, en lugar de los ocho que llevamos de tristezas y de ausencias en el gran libro de la incuria estatal.
Ya estarán pensando que olvidamos la gran exposición de «El último viaje de la fragata Mercedes». Y no. Desde luego es un capítulo positivo, porque el juicio sí demostró lo que España es capaz de hacer cuando trabaja unida, persiguiendo un fin común, como era entonces vencer en los tribunales a Odyssey y permitir que la razón se impusiera al expolio. El juicio fue muy costoso, posiblemente uno de los más costosos de la historia jurídica española, pero se ganó. El patrimonio volvió y el tesoro de la Mercedes se expuso, primero en el Museo Arqueológico Nacional y el Museo Naval de Madrid y ahora puede verse en el MARQ de Alicante. Todo un logro, sí. Pero servido en el plato del fracaso que había supuesto el expolio que no supieron impedir. Es decir, España solo pudo activar todas sus fuerzas después de un expolio y durante muy poco tiempo. Llegamos tarde y lo que exponemos es eso: el producto de un expolio reconstruido con tanta dignidad como mérito por parte de los comisarios de la muestra. Es positivo, en el fondo, pero más lo sería si hubiera servido para ponernos las pilas, para que después de aquello se activasen otras cosas. ¿Es todo lo que somos capaces de hacer, exponer el producto de un expolio, por nuestra historia y nuestro patrimonio?
CUÁNDO
¿Cuándo expondremos un pecio importante que haya sido objeto de un proyecto estatal e investigado y publicado antes de que las sucias manos de los ladrones de la historia revienten el yacimiento con su fiebre del oro? ¿Cuándo excavaremos gracias a la puesta en marcha de políticas públicas más de uno, porque resulta ya sonrojante que estemos así 8 años después? ¿Cuándo tendremos investigado un barco como el Mars en Suecia, portada reciente de National Geographic, un navío importante que cambió la guerra naval en el Báltico y que está aportando datos inéditos del momento en el que el gran reino escandinavo estaba dando forma al Estado Nación? Nuestros pecios de época moderna esperan para explicarnos una página inédita y fundamental de cómo se realizó la exploración del mundo, la mezcla de dos mundos, con sus luces y sus sombras que deberían iluminar los restos hundidos de aquella sociedad mestiza. ¿Cuándo tendremos un museo comparable al Mary Rose o el Vasa? ¿Cuando investigaremos algún pecio tan increíble como la fragata Lune que hoy investiga el Drassm francés con tecnología propia inventada para el proyecto, o cuándo investigaremos batallas recientes como hicieron con las playas del Día D en Normandía?
¿No lo merecen los barcos de Lepanto o Trafalgar, los navíos de Indias o los galeones de Manila, la flota de Juan de Mendoza o el Beatrice, la flota hundida en Finisterre o el galeón de Ribadeo, por no hablar los buques perdidos en Azores y en los mares de todo el mundo? ¿No lo merecen los barcos hundidos durante nuestra Guerra Civil? Con todo ese trabajo por hacer, y después del aviso del caso Odyssey cualquiera podría esperar un cambio decisivo. Sobre todo sabiendo que los más poderosos actores de este patrimonio siguen siendo en muchos casos los mismos que en 2007. Si hasta la reivindicación de figuras como Jorge Juan, Blas de Lezo y Bernardo Gálvez nos ha pillado casi improvisando y poco se habría hecho sin iniciativas de la sociedad civil. ¿No es la prueba de esto que en el momento en el que Gálvez ha logrado ser reconocido (con protagonismo de la sociedad civil) Francia ha enviado, recién reconstruida, la fragata de Lafayette, la Hermione, un proyecto con todo el apoyo del Estado durante los últimos diez años? Tenemos la impresión de que los demás hacen muchísimo más que nosotros, hacen de todo y nosotros casi de nada. O hacemos pocas cosas, y casi todas ellas a pesar de las autoridades. Aquí el que tiene una idea, si la manda a un ministerio, la está mandando a la muerte: “Vuelva usted mañana”.
Habría que plantearse, ocho años después del expolio de la Mercedes, qué medios ha sabido buscarse el Estado para todo este empeño que tenemos por delante. Agárrense, que vienen curvas. Lo primero que se hizo, ante la crisis económica y en vista de la necesidad de lanzar un mensaje, fue tratar de integrar a la Armada en la defensa del patrimonio y firmar un acuerdo de inicio de actuaciones. En la España de cuyas costas Odyssey acababa de ser expulsada después de haber estado paseando sus barcos durante seis años por ambos lados del Estrecho de Gibraltar, exactamente, es decir siempre por las aguas andaluzas, pensar en esa colaboración fue un grave problema. Es decir que el Odyssey Explorer y el Ocean Alert, y otros dos barcos antes de estos, navegaron para un lado y para el otro, para el este y el oeste del Peñón, desde antes del 2000 hasta el permiso dado por el Exteriores en marzo de 2007, frente a la esa misma costa andaluza que observaba con las competencias asumidas desde la Junta y una peleona descoordinación que lo más suave que puede decirse de ella es que no evitó el expolio. Pues bien, dos años después, aquellos que habían permanecido callados se rebelaron contra la idea de que la Armada pudiera siquiera poner un barco a disposición de los arqueólogos en esas aguas, o lo rechazaron a regañadientes con excusas indignas de científicos, e impidieron la creación de una simbiosis como la que supone el Hespérides para la investigación oceanográfica, entre los científicos y miembros de la Armada. ¿Sus razones tendrían?
Al contrario, en 2009 la Junta Andaluza amenazó con el conflicto de competencias contra esa idea de política estatal y además legisló para «proteger» los pecios de su competencia (aunque no tuviera barco para hacer efectiva esa protección, que asumieron con buen tino pero solo para la vigilancia la Guardia Civil y la Armada). Otras comunidades también se negaron, asesoradas por técnicos a los que la idea de una política estatal actuando sobre ese patrimonio único y en peligro les causaba urticaria. ¿Nos limitamos a vigilar y no investigamos, exponemos, publicamos, excavamos? En 2015 no hay aún alternativa, ni se ha unido todo el potencial de nuestra sociedad, ni existe un departamento universitario especializado en arqueología subacuática, aunque alguna Universidad se ha interesado últimamente por este tema.
TECNOLOGÍA ESPAÑOLA
La broma tiene una guinda, y es que la Junta de Andalucía carece aún de medios para investigar esos pecios, a pesar de que el Centro de Arqueología Subacuática lleva abierto casi dos décadas. El único centro autonómico con un barco dotado para la investigación es el centro catalán, el CASC, sin duda el más activo y del que más proyectos y monografías han salido en todo este tiempo. Pero la pregunta sigue en pie: ¿Y la política estatal? ¿Y los buques de Estado? ¿Y los galeones y los barcos de época moderna que navegaron a América, que dieron la vuelta al mundo? ¿Hay algún plan, 8 años después, para dotar a la arqueología española de medios para avanzar, para dar el salto cualitativo que este patrimonio en peligro merece? ¿Algún plan para utilizar la tecnología disponible en España, a través de la Armada o del Instituto Oceanográfico, que cuentan, ambas instituciones, con barcos, vehículos remotos (ROVS) y tecnología de detección compatible con la actividad arqueológica? Cero.
De hecho, el Ministerio de Cultura de España, que 8 años después no ha sido capaz ni siquiera de comprobar los daños causados por Odyssey en el yacimiento de la Mercedes, se está planteando realizar esa inspección utilizando un barco francés en lugar de uno español, hurtando así a quienes pueden emplear esa investigación para formar a técnicos y arqueólogos en este empeño. Y puede estar muy bien que España acuda con Unesco y otros países a salvar parte del patrimonio en peligro en otras latitudes, como se hizo en Haití y ahora se realizará en Panamá y Madagascar. Lo que no es de recibo es que ese modelo, verdaderamente válido en algunos casos, se imponga allá donde un país se juega su imagen de competencia científica, existiendo los medios del IEO y la Armada, frente al resto: ¿Alguien se imagina un barco español acudiendo a petición de los franceses, o los británicos o de cualquier país del primer mundo a comprobar los daños de un yacimiento como el Victory o el Erebus? Que haya que explicar esto ya es asombroso. Decisiones como esa suponen una dimisión en toda regla de la competencia y de la capacidad de España para generar una política digna de ese nombre, por más que tengamos las competencias locales bien repartidas en la taifa nacional. ¿Dónde está el debate sobre si esa es la solución ideal, con quién se ha efectuado, con cuántos arqueólogos consulta, en busca de la excelencia, nuestro ministerio, a cuántos escucha?
LA SOCIEDAD CIVIL
Esto revela otro de los problemas más graves: 8 años después, la sociedad civil no cuenta, cuando sabemos que sin sumarla, con toda su potencialidad, nunca se podrá construir nada en una actividad tan compleja y costosa. Sigue sin contar la sociedad, la misma que denunció a Odyssey y alertó de sus actividades antes de que nos expoliaran. No solo hay personas que hicieron muchísimo por ayudar en aquel periodo que han recibido silencio cuando no desprecio de las autoridades, demasiado sensibles a cualquier crítica para resultar aceptables. Nadie ha sido capaz de proponer un modelo que integre las indudables fuerzas sociales favorables al estudio de esta historia, desde los científicos e historiadores, pasando por la Universidad y llegando hasta las empresas multinacionales españolas que sin duda verían una oportunidad de mejorar su imagen en los países en los que operan con el estudio de los naufragios compartidos en el pasado, cuando se estaba inventando la mestiza sociedad en la que vivimos.
No. Todo sigue saliendo de decisiones poco ambiciosas o meditadas de tufo perfectamente burocrático, que se toman a media luz en un departamento dentro de un ministerio, cuando lo lógico sería que, 8 años después, se hubiera impuesto un debate público enriquecedor y un discurso por encima de un ministerio para una actividad que involucra cuando menos a 5, si sumamos a Cultura y Defensa, Industria, Hacienda y Exteriores, que podrían ser más. Aún recordamos a quienes nos decían con una clarividencia elocuente que el problema de la arqueología española no era el expolio los pecios sino las obras en las costas, cuando nosotros sólo señalábamos lo que nos parecía urgente. ¿Ha hecho España los deberes después del Caso Odyssey, con el paso de dos Gobiernos diferentes? Claramente no. Es un caso más en el que se demuestra que no tenemos política estatal.
IMPROVISAMOS REGULAR
Se han hecho cosas, se ha improvisado, fundamentalmente, pero en los despachos del poder como mucho se han realizando algunos proyectos con la mirada rasante de quien no ha sabido valorar la verdadera dimensión de esta disciplina que, sin duda alguna, será, además, la mayor fuente de innovación para la arqueología durante las próximas décadas. Ya lo está siendo. Pero la ceguera de unos pocos ha permitido que España se quede fuera, de momento, de estos prometedores avances.
Exposiciones con éxito como la que ahora expone en el Museo Naval grandes historias demuestran lo que la sociedad precisa: una mejor política al respecto Debemos cambiar, claramente, de dirección. Aun reconociendo que los pocos datos positivos consuelan de la incuria no es normal que haya cambiado tan poco este panorama en los últimos 8 años. Nuestros científicos deben recibir mayores oportunidades para trabajar en yacimientos con tanta competencia y capacidad de innovación como ya han demostrado, a pesar de la ceguera de las autoridades, en ocasiones causada por las rencillas burocráticas, y poder publicar más y en las mejores revistas de arqueología del mundo. Para eso hace falta una mayor cantidad de proyectos de calado, y por lo que respecta a nuestros responsables del patrimonio, crear un sistema en el que tengan cabida estos proyectos.
OTROS SÍ HACEN BIEN SU TRABAJO
Mientras esto ocurre, hay naciones que reconstruyen barcos como L’Hermione, fragatas del XVIII para conmemorar la democracia en otros países que honran a soldados españoles como Gálvez que en España casi tenemos olvidado (completamente en los planes de estudio y tendrá gracia cuando se estudie en EEUU junto con Lafayette y nuestra reforma educativa vuelva a dejar que se apolille). Hay en el mundo responsables de patrimonio y ministerios de Cultura que se mojan y llevan decenios excavando o impulsando que se investigue y se excave, que se publiquen actuaciones singulares, de importancia científica, que es lo que debe impulsarse, el trabajo de los arqueólogos. En el siglo XXI no solo se trata de monografías sino también de portadas en prensa y divulgación como la que hace National Geographic, que ponen al alcance de la sociedad los resultados científicos y refuerzan el entusiasmo que suscita la historia bien narrada. La arqueología interesa. ¿No está el Bajo de la Campana también en National Geographic? Porque lo merece. Pero ¿es el Estado quien ayuda realmente a que ese pecio se excave, a que haya más como este?
La fragata reconstruida en Francia para la conmemoración del nacimiento de la Democracia de Estados Unidos. Una historia que recuerda el papel de la nación Europea. La de Francia. Existen naciones que abren museos para albergar estas historias. No hablaremos de China, que excava en directo un junco en un museo construido ad hoc con grandes medios. Basta con ser fieles a lo que supuso un hallazgo como el del Mary Rose, hoy renovado, o el Mars por parte de Suecia y el equipo que dirige Johan Rönnby. En todos esos casos se investiga, se facilitan medios, se tienen resultados y publicaciones y además se exponen esos resultados para compartirlos con la sociedad. Nadie se limita a los expolios cazados en juicios o subastas. Estos pecios fueron barcos cuyas maderas construyeron las naciones del mundo.
Ellos investigan, avanzan, exponen y publican. Nosotros remendamos el paso de los cazatesoros por nuestra historia abandonada a su suerte.
Pero esta entrada nace con el afán de recordar el camino desde aquella noche de mayo de 2007. Reivindicar a los que con su trabajo han puesto todo lo que ha estado en su mano, tanto bajo el agua como sobre ella, en archivos y museos, en periódicos y despachos jurídicos, por mejorar esta disciplina en España, por darla a conocer y para que no se dejen en el olvido los barcos todavía amenazados, cada vez más, por la industria destructora del tesoro histórico del patrimonio con el pretexto de su valor de mercado. Y eso es lo que sí ha cambiado desde entonces. La sociedad ve ya como un valor indudable ese patrimonio y le interesa esa historia de la que el Estado olvidadizo nos ha dejado huérfanos. Reivindiquemos a los arqueólogos e historiadores que han puesto en marcha proyectos sin esperar a la Administración perezosa y han alcanzado el interés de instituciones del otro lado del mundo o fondos europeos, saltándose la incuria, y también a los que hace 9 años denunciaban y grababan las actividades de Odyssey para documentarlo todo, a los que elevaban informes desoídos al ministerio más sordo de las últimas décadas que les respondía con el novecentista «vuelva usted mañana».
VUELVA USTED MAÑANA
Y ya que citamos a Larra, recordemos lo que decía en aquel artículo del «El Pobrecito Hablador» en 1833, algo que a estas alturas bien podríamos aplicar a la arqueología subacuática española: «¡ay de aquel mañana que no ha de llegar jamás!»
Fuente ABC (Jesús García Calero): Ocho años del caso Odyssey y seguimos sin hacer historia...
