México contra el saqueo de su pasado prehispánico
Algunos mexicanos aseguran, con orgullo, que el rico legado de las civilizaciones antiguas que una vez habitaron México han hecho del país un único, enorme sitio arqueológico.
De hecho, según cifras oficiales, hay cerca de 200.000 sitios arqueológicos en el país; entre ellos las ruinas y pirámides Maya en el sur, las construcciones de adobe en la zona de Paquimé -en el estado norteño de Chihuahua- y el enorme complejo de Teotihuacán, al norte de la Ciudad de México.
Son una importante fuente de información sobre los usos y costumbres de esas civilizaciones y un importante atractivo turístico en un país en el que las visitas de extranjeros son un factor clave en la economía.
Pero a lo largo de los siglos los mexicanos también han aprendido que su pasado prolífico tiene un costo.
El gobierno admite que sólo unos 40.000 sitios han sido registrados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia; de esos, sólo 160 están supervisados y abiertos al público.
La mayoría de los sitios del país no tienen supervisión, a veces están en territorio que es propiedad privada o zonas remotas, y por lo tanto son presa fácil de algunos que, ilegalmente, extraen artefactos -como pequeñas estatuillas, herramientas u objetos de cocina - y los venden por miles de dólares en el mercado internacional de arte.
Según el mismo gobierno, objetos del pasado prehispánico de México están siendo saqueados. Y la batalla contra ese comercio ilegal no es sencilla, pues ni siquiera existen cifras exactas del número de piezas que son contrabandeadas.
El Consejo Internacional de Museos (ICOM, por sus siglas en inglés), una asociación de museos y profesionales de museos que busca salvaguardar el patrimonio cultural del mundo, aseguró en un informe de junio pasado que tanto el patrimonio prehispánico y cultural de México - y el de los países de Centroamérica - está "severamente amenazado".
Nada nuevo
El tráfico de piezas de arte elaboradas antes de la llegada de los españoles en el siglo XVI no es un fenómeno nuevo en México.
Uno de los casos más resonantes es el de los murales de Teotihuacán, extraídos del sitio arqueológico más grande de México en la década del 60 por un coleccionista americano, Harald Wagner.
El conjunto de más de 70 murales fue luego donado al museo De Young de San Francisco (California) y pese a que muchos de los murales fueron regresados a México a mediados de los 80, algunos de ellos permanecen en Estados Unidos.
En la últimas décadas, el país ha tratado de detener el flujo ilegal haciendo las leyes contra el tráfico cada vez más estrictas.
Según un tratado internacional que México suscribió en 1972, la extracción y comercio de piezas arqueológicas está estrictamente prohibido por la ley y quien incurra en el delito podría afrontar hasta 12 años de prisión.
Pero casi cuatro décadas después, los expertos aseguran que la demanda de piezas prehispánicas no muestra señales de debilitamientos; las ventas de estos artículos siguen adelante, por miles de dólares, y con Estados Unidos como su principal mercado.
Redes
Según el gobierno mexicano, el pillaje arqueológico a menudo comienza a un nivel local.
En algunos casos, habitantes de zonas rurales y pobres del país venden los artefactos que encuentran por casualidad como una formar de tener un ingreso extra.
Se los compran intermediarios que luego ofrecen las piezas a coleccionistas o comerciantes de arte.
Pero al mismo tiempo, el negocio es cada vez más sofisticado: los criminales se aprovechar de la poca o ninguna supervisión en miles de sitios.
"El problema es el saqueo profesional", asegura Enrique Vela, editor de la revista Arqueología Mexicana.
"Son gente que tienen la capacidad de hacer excavaciones que a veces ni los mismos arqueólogos tenemos; hacer grandes trincheras porque ya hay una noción de dónde pueden aparecer los objetos", explica.
El gobierno ha tenido éxito en desmantelar algunos de estos grupos. En julio pasado, en allanamientos alrededor del país, recuperaron 180 piezas arqueológicas que se cree iban a ser contrabandeadas al extranjeros.
Sin cifras
En 2008, el gobierno creó una unidad interdepartamental para tratar estos casos y crear una base de datos de los artefactos desaparecidos.
Las autoridades también buscan detener la venta de artefactos en casas de subastas internacionales.
"En cuanto tenemos conocimiento de que una casa de subastas está poniendo en ventas una de estas obras, lo primero es solicitar asistencia jurídica para que se asegure la obra", asegura René Salazar, de la Unidad Especializada en Delitos Contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales de la Procuraduría General de la República.
"Aparte de realizan esfuerzos diplomáticos para que le hagamos de conocimiento a la casa de subasta que está cometiendo un delito y que se impida la subasta y la venta de la obra", explica.
Pero Salazar admite que las distintas leyes nacionales sobre el tema y la falta de estadísticas confiables sobre el tráfico dificultan esos esfuerzos.
De hecho, una simple búsqueda en sitios de subasta en internet arroja varios resultados de supuestas piezas arqueológicas que vienen de México.
Es imposible saber si esas son piezas auténticas - las autoridades creen que las falsificaciones han inundado el mercado - pero la preocupación radica en que el tráfico podría ser demasiado amplio para ser controlado.
El gobierno también ha lanzado campañas dirigidas a los niños, en las que se les pida que ayuden a salvar el patrimonio cultural de la nación - con la esperanza de que la batalla será ganada sólo cuando a las generaciones del futuro se les enseñe la importancia del pasado.
